Cuatro verdades necesarias sobre el problema de la inmigración

Por Jose Javier Esparza.  

Un espectáculo trágico: los cayucos. Un espectáculo sórdido: la demagogia irresponsable del Gobierno. Fuentes policiales insisten en que España es el paraíso de las mafias de tráfico humano. Ya nadie discute seriamente la relación entre inmigración y delincuencia. Pero los políticos se aprestan a sacar tajada ampliando el derecho de voto a los recién llegados. Quien sufrirá las consecuencias será el ciudadano de a pie. ¿Nos dejarán decir cuatro verdades?

Una: la inmigración no es “algo bueno”. Es un fenómeno globalmente negativo. Es negativo para quienes tienen que abandonar forzosamente sus hogares y es negativo para unas sociedades incapaces de acoger a tanta gente en tan poco tiempo. Las consecuencias de la inmigración no son buenas en el plano social, ni en el cultural, ni en el político, ni tampoco lo son, a largo plazo, en el plano económico. La situación ideal: que nadie tuviera que verse obligado a dejar su tierra y que los flujos humanos pudieran ordenarse conforme a la ley para general beneficio. Pero es obvio que no estamos –ni estaremos- en la situación ideal.

Dos: Sólo desde dos puntos de vista puede juzgarse “buena” la inmigración. Una, la perspectiva de quienes, por razones ideológicas, estiman que las identidades históricas europeas deben disolverse en un escenario de mestizaje cosmopolita; es una posición muy extendida en la izquierda. La otra, la de quienes sostienen, por razones económicas, que una entrada masiva de mano de obra barata es vital para el funcionamiento de la economía; es una posición muy extendida en la derecha. Así la derecha capitalista intenta legitimarse con el dogma de la izquierda cosmopolita, y ésta, a su vez, echa combustible (humano) en el mercado. Pero ambas posiciones encierran un error: la disolución de las identidades sociales, nacionales y culturales nunca, en ningún lugar, ha creado “cosmópolis mestizas”, sino que sólo han provocado una exacerbación violenta de las propias identidades; respecto a la entrada masiva de mano de obra barata, es verdad que inicialmente aumenta la riqueza del tejido productivo, pero inmediatamente se traduce en una exigencia de nuevos servicios sociales que puede llevar al colapso del sistema, como podrá intuir cualquier español que acuda a los servicios públicos. La ganancia en ningún caso compensa las pérdidas.

Tres: La “integración” no tiene por qué ser un horizonte deseable. De entrada, es un término ambiguo. No es lo mismo una integración orientada al cumplimiento de las leyes, con cesión de derechos sociales y económicos a cambio del ejercicio de un trabajo, que una integración interpretada como absorción de la población alógena, de tal modo que ésta deja de ser lo que es para adquirir una identidad nueva y ficticia. El primer modelo es transitorio, el segundo aspira a ser permanente. Parece que en España aspiramos a la integración permanente. Pero nadie tiene derecho a exigir a un musulmán o a un senegalés que dejen de ser lo que son para convertirse en “españoles”. La experiencia francesa demuestra que, aunque la integración haya funcionado en una primera generación de inmigrantes, la vieja identidad siempre pugna por aflorar en cuanto las cosas se tuercen, y entonces lo hace de manera hostil e histérica, como corresponde a cualquier estado de sumisión.

Cuatro: Hay que detener la inmigración, pero eso no significa inhibirse en la resolución del problema. No podemos escurrir el bulto. Los europeos tenemos que asumir el fenómeno de la inmigración. Ante todo, debemos reconocer que tenemos un deber para con el mundo pobre. Tenemos ese deber, primero, por una cuestión de justicia: no es justo que nosotros tiremos lo que nos sobra y que ellos no puedan conseguir lo que les falta. Y tenemos ese deber, además, por una cuestión de historia: como viejas potencias coloniales, creadoras de naciones, debemos resolver un problema que no nos es ajeno. Eso implica intensificar y multiplicar los mecanismos de cooperación, pero también apretar el control sobre cómo se administra esa ayuda en los países beneficiarios. El imperativo de globalizar la riqueza no será más que un chiste tétrico si al mismo tiempo no se globaliza la justicia social. Esta última tarea debe ser exigida a los gobiernos de los países de origen; pero si no son capaces de satisfacerla, habrá que imponerles la obligación de hacerlo, como se les ha impuesto la sumisión a las reglas del mercado mundial. Alguien, algún día, debería decir algo así en la Unión Europea.

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